Las asesorías legales cumplen igual que los demás: tres obligaciones medidas en 603 webs

Este estudio no juzga el trabajo jurídico de nadie. Comprueba tres cosas concretas en la web de 603 asesorías y despachos, y las compara con las mismas tres comprobadas en las otras 3.987 empresas del corpus.

Las tres son estas. Que la web no active cookies ni rastreadores antes de que el visitante dé permiso, y que le ofrezca dónde darlo: falla el 69,0 % (416 de 603), frente al 71,7 % del conjunto. Que publique la identificación completa de quien presta el servicio: falla el 42,5 % (253 de 596), frente al 37,5 %. Que ofrezca información de privacidad accesible: falla el 22,1 % (133 de 603), frente al 24,4 %.

Súmalas y sale lo que de verdad importa. El 85,7 % de los despachos falla al menos una, y el conjunto va en el 85,6 %. El 14,3 % (85 de 596) no supera ninguna de las tres, y el conjunto va en el 14,4 %. Dos décimas en las dos direcciones. Este sector no destaca ni para bien ni para mal, y eso es el hallazgo.

Entre el 1 y el 3 de septiembre de 2026, Wakaris pasó las mismas 55 comprobaciones automáticas por 4.590 webs de empresas españolas. Ninguna se eligió después de ver su resultado, así que los denominadores admiten comparación entre los 14 sectores y las 52 provincias del estudio.

Cada porcentaje se calcula sobre las webs en las que esa comprobación concreta pudo ejecutarse, y por eso el denominador baja a 596 en dos de las cifras y se queda en 603 en las otras. Las celdas con menos de 30 observaciones se excluyen por muestra insuficiente.

Los límites de este método importan más aquí que en otros sectores, y conviene decirlos. La comprobación es automática, se hace sobre la página principal del dominio y en una sola carga: detecta si una pieza está y es alcanzable, no si su contenido es correcto, ni si es veraz, ni si encaja con lo que el despacho hace de verdad. No es una auditoría jurídica ni la sustituye. Cualquiera puede reproducirla sobre su propia web, gratis y sin crear cuenta, pasándola por Wakaris.

Cada una de las tres comprobaciones tiene detrás una obligación concreta, y merece la pena nombrarlas una a una en vez de hablar de «la normativa».

La identificación del prestador la exige el artículo 10 de la Ley 34/2002, que obliga a poner a disposición del destinatario, de forma permanente y gratuita, los datos del prestador: denominación, domicilio, contacto directo, datos registrales y número de identificación fiscal, más los de colegiación y titulación cuando se trata de una profesión regulada. Ese último punto es de despachos.

La información de privacidad la exigen los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679, que enumeran qué hay que decirle a la persona cuyos datos se tratan. Y las cookies, el artículo 22.2 de la misma Ley 34/2002, que permite usarlas solo si el usuario ha consentido tras recibir información clara y completa, con la excepción de las estrictamente necesarias para prestar el servicio que ha pedido.

Lo que sigue son hipótesis de trabajo, no conclusiones del estudio. Los datos dicen qué pasa; el porqué hay que razonarlo.

La primera es que el conocimiento no baja a la plantilla. En un despacho, quien sabe de protección de datos asesora a clientes, y la web la monta un proveedor externo con una plantilla de sector. Los textos legales se redactan una vez, se pegan y ya nadie vuelve.

La segunda es que el aviso de cookies parece resuelto porque se ve. Un cartel en pantalla da sensación de cumplimiento, pero la comprobación no mira el cartel: mira si algo se activó antes de que nadie tocara nada, y si había dónde decir que no. Un aviso montado por defecto, con los rastreadores cargando desde el principio, sale exactamente igual que no tener aviso.

La tercera es la distancia entre el consejo y la casa propia. Revisar la web de uno no se factura a nadie, no tiene fecha límite y no se lo reclama ningún cliente. Es el trabajo que siempre se queda para la semana que viene, y eso explica bastante bien un empate al 14,3 % con el resto del tejido empresarial.

Las tres se arreglan en un rato y en este orden, de menos a más trabajo.

Una: la identificación. Reúne denominación, domicilio, un contacto directo, datos registrales, identificación fiscal y, por ser profesión regulada, colegio y titulación. Ponlos en el aviso legal y enlázalo desde el pie de todas las páginas. Lo detalla la guía de identificación del prestador.

Dos: la información de privacidad. Que exista, que se llegue a ella desde cualquier página y que cubra lo que enumeran los artículos 13 y 14. Tienes el detalle en la guía de información de privacidad.

Tres: las cookies, que es la que más manos pide. Nada que no sea estrictamente necesario puede cargarse antes del consentimiento, y la Guía de cookies de la AEPD añade dos criterios que se pasan por alto a menudo: rechazar debe ofrecerse «al mismo tiempo, al mismo nivel y con la misma visibilidad» que aceptar, y el usuario tiene que poder retirar el consentimiento después. La guía de gestión del consentimiento lo desarrolla.